lunes, 4 de enero de 2010

Teoría de la Reforma del Estado.

La indispensable reforma del Estado

Manuel Rodríguez Cuadros (Ex canciller)

En el debate político francés la reforma del Estado ocupa un lugar preeminente. En Bolivia el 65 % de la votación alcanzada por Evo Morales tiene mucho que ver con las reformas al Estado plasmadas en la nueva Constitución boliviana. El éxito de Michelle Bachelet está vinculado a la profundización de la reforma de Estado en Chile, como instrumento para consolidar la democracia y propender a una sociedad más libre y más igualitaria.

Hay dos visiones básicas de la reforma de Estado. Los paradigmas del gerencialismo (new public management) y el de la sociedad democrática.

El primero, concibe el Estado sólo como un factor complementario del mercado. Como la institución que debe asegurar las condiciones sociales y normativas para que inversores, productores y consumidores encuentren el medio ambiente más propicio y favorable para el crecimiento. Para esta visión los bienes públicos son escasos. Se piensa que las funciones del Estado son sólo subsidiarias al mercado. Se reduce la reforma del Estado a minimizar el sector público y a su racionalización, con la finalidad de obtener prestaciones de mejor calidad a bajo costo. Este modelo se intenta aplicar en el Perú desde los años 90. Y ha fracasado.

El paradigma de la sociedad democrática parte de una visión totalmente distinta. No excluye la relación Estado - empresarios - consumidores, así como la racionalizacion y la mejora de la calidad de las prestaciones públicas. Pero no reduce a ello la reforma del Estado. Postula que el factor principal y preponderante de la reforma es establecer normas, valores, instituciones y procesos que acerquen el Estado al ciudadano, que establezcan una estructura de poder sin grandes desigualdades, que elimine la exclusión social y que afirme -no debilite- la entidad nacional del Estado y la sociedad.

El Estado reformado en el Perú, moderno, democrático, descentralizado y equitativo, debe estar en la capacidad institucional de administrar con eficacia, transparencia y probidad bienes públicos esenciales como la preservación de la identidad y culturas nacionales; la defensa del territorio y la soberanía nacional; la consolidación de la institucionalidad democrática y el goce de los derechos humanos; la paz social y el orden interno; el acceso de toda la población a la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, la cultura y el entretenimiento; la inserción internacional afirmando la identidad nacional; la soberanía y explotación rentable y sustentable de los recursos naturales; la preservación del medio ambiente; un sistema económico competitivo, moderno y equitativo, la estabilidad financiera y la regulación eficaz y transparente de los mercados; la reducción de las desigualdades regionales y sociales; la administración de justicia autónoma, eficaz y no discriminatoria; y, una administración pública tecnificada capaz de ofrecer al ciudadano prestaciones de alta calidad.

Basadre lo percibió con una visión de presente y futuro: “El Estado debe ser por ahora y lo será por algún tiempo, un conjunto dinámico de organismos reguladores e impulsores de la vida colectiva”.

Fuente: Diario La Primera. Lunes 28 de diciembre del 2009.