Las reformas agrarias en el Perú. El problema de los bonos de la deuda agraria.

La reforma agraria de Juan Velasco

Por: Antonio Zapata (Historiador)

En medio de la crisis abierta por la llamada “repartija”, conviene no olvidar el debate generado por la decisión del Tribunal Constitucional sobre los bonos de la Reforma Agraria.  En primer lugar, esta era completamente necesaria y no un acto de abuso y despojo, como se ha escuchado decir últimamente.

No era la primera reforma agraria. Una comisión presidida por Pedro Beltrán la había reclamado finalizando los 1950; luego, el gobierno militar de 1962-1963 decretó la primera reforma agraria para el valle de La Convención; a continuación, el gobierno de Fernando Belaunde, con el voto del Poder Legislativo, incluyendo al APRA y la DC, había aprobado una segunda reforma agraria, en esta ocasión de validez nacional. Así, Velasco no inventó la reforma agraria, sino que esta disponía de previo consenso.

Aunque, Velasco lo hizo radicalmente. No dejó ningún sector inafecto, como había propuesto la ley de FBT, ni se limitó a un solo valle, como había sido con los militares de 1962. Por el contrario, Velasco terminó con la clase terrateniente expropiando sus haciendas y entregándoselas a los campesinos.  Este acto tuvo un enorme contenido liberador y generó ciudadanía en el país. Se acabaron los pongos y los siervos, aparecieron los trabajadores con iguales derechos que sus patrones.

Ahora bien, la propuesta de Velasco era una utopía. Intentó mantener la gran hacienda, creando cooperativas de enorme extensión, incluso reuniendo varias unidades en una sola. Creía en las granjas colectivas, que la experiencia internacional ha mostrado equivocada. No resultaron ni en Rusia ni en China, tampoco en Cuba, menos en el Perú.

De ese modo, Velasco creó derechos ciudadanos al emancipar al campesinado de la servidumbre. Pero, no supo forjar un sistema económico alternativo a la antigua hacienda semi-servil. Lo suyo fue ilusorio. Además, careció de tiempo. Para prender y funcionar, la granja colectiva ha requerido apoyo sostenido del Estado. Mientras que, Velasco gobernó siete años, pero desde entonces todos sus sucesores estuvieron en contra de su proyecto político. Tanto Morales Bermúdez como Belaunde permitieron las parcelaciones privadas, que acabaron con el sueño velasquista.

Velasco había creado la deuda agraria al expropiar la tierra. La ley ordenaba que se pague en veinte años y admitía procedimientos para acelerar el pago. A este procedimiento se acogió Dionisio Romero y su grupo familiar. Acudieron al Banco Industrial y redimieron sus bonos, comprometiéndose a invertir en industria, poniendo de su parte la mitad de la inversión. Eran los términos establecidos por la Ley de Reforma Agraria. De tal modo que Velasco creó la deuda agraria, pero no fue quien dejó de pagarla, el caso de Romero así lo muestra.

Esta deuda fue fuente de numerosos conflictos en los años posteriores a Velasco. Los campesinos no querían pagar, las empresas estaban mal conducidas y no dejaban ganancia. El campo subvencionaba los proyectos industrialistas en la ciudad y se estaba arruinando. El campesino de Velasco fue libre, pero pobre. Continuó la eterna transferencia de recursos desde el campo a la ciudad.

Por ello, comenzando los años 1980 dejó de pagarse la deuda agraria. No fue una decisión gubernamental, sino una judicial. Le agradezco esta información a Javier Valle Riestra, que prueba la verdadera responsabilidad de Velasco en el entuerto que ha intentado ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la sentencia adolece de un vicio de origen. En efecto, ha sido aprobada con el doble voto de su presidente, quien en el pasado ha trabajado como abogado de uno de los principales tenedores, el Banco de Crédito. En vez de inhibirse ha votado dos veces.

Así, el Grupo Romero busca ser el único beneficiario de la Reforma Agraria. Primero con Velasco, tocando la ventana correcta, que permitía redimir sus bonos con indudable provecho. Ahora, con Óscar Urviola, decidiendo a favor de sus antiguos empleadores.

Fuente: Diario La República. 24 de julio del 2013.

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