Por: León Trahtemberg (Educador)
Está en curso una importante controversia entre la Universidad de Illinois y The Chicago Tribune. Todo empezó con un conjunto de notas periodísticas del Tribune - "Clout Goes to College" 2009- en el que exponía la existencia de una lista de cientos de privilegiados que durante cinco años habían tenido admisiones facilitadas por tratarse de estudiantes de familias bien conectadas. Eso condujo a la renuncia del presidente de la Universidad y varias otras autoridades.
The Chicago Tribune planteó una demanda judicial exigiendo que se hagan públicos los nombres y direcciones de los auspiciadores de estos estudiantes favorecidos y los resultados de las pruebas de admisión que dieron al postular, apelando a la ley estatal que avala el derecho a la libertad de acceso a la información. Esta demanda fue rechazada por la Universidad apelando a la ley federal que ampara la privacidad de los registros educacionales de los estudiantes -publicarlos los podría perjudicar- (federal Family Educational Rights and Privacy Act), bajo pena de perder los fondos federales si la violan (quien recibe fondos federales no puede hacer privilegios).
Sin embargo, el Tribune, respaldado por medios como The New York Times, argumenta que esos no son registros de récords educacionales, sino de conductas cuestionables y por lo tanto no están protegidas por la ley de privacidad sino amparadas por el derecho del público a conocer actos irregulares. Se trata de una investigación sobre las decisiones irregulares y discriminatorias de los funcionarios públicos.
El mismo argumento de defensa de Illinois ha sido utilizado antes por otras universidades, como la estatal de Florida, para no revelar datos de la admisión y conducta de sus atletas estrellas.
No está claro cómo terminará este debate judicial, aunque los entendidos se inclinan por respetar el derecho del público a estar informado (Tamar Levi, "Privacy and Press Freedom Collide in University Case", NYT 20/10/2011).
Es un debate que nos atañe, a la luz de la legislación del control de la difusión de grabaciones propuesta por el PPC en el Congreso y los resentimientos sociales producto de la histórica inequidad y resentimientos entre peruanos por arreglos discriminatorios usando influencias.
Fuente: Diario Correo (Perú). 30-12-11
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