César San Martín, el juez, la justiciaManuel Rodríguez Cuadros (Ex canciller del Perù)
Cicerón en el 103 a.c. refiriéndose a la acción de los jueces señaló que “la ley es la distinción de las cosas justas e injustas, expresada con arreglo a aquella antiquísima y primera naturaleza de las cosas”.
En el estado de derecho, propio de las sociedades democráticas, distinguir la justicia de la injusticia es administrar justicia aplicando el derecho conforme a la ley. La recta aplicación de la ley en sí misma realiza la justicia. Ello distingue al juez probo. En el estado de derecho “aquella antiquísima y primera naturaleza de las cosas”, es el pacto social a través del cual los ciudadanos confieren el poder del Estado a los gobernantes para que realicen la ley y garanticen los derechos esenciales del individuo frente al propio Estado.
El Estado y sus agentes, llámense presidentes de la república, policías, soldados o funcionarios, no tienen licencia para asesinar, para secuestrar, para torturar o desaparecer a las personas. Por ningún motivo. Ni en los casos de guerra externa, conflicto interno o lucha contra el terrorismo. Si lo hacen, delinquen. Con el agravante de hacerlo usando el poder del Estado que se les confirió para proteger los derechos humanos, no para violarlos, para proteger la vida y la libertad, no para acabarlas con perversidad.
La justicia debe ser consistente y férrea en su objetividad jurídica para castigar los crímenes del terrorismo y reivindicar la dignidad y los derechos de sus víctimas, civiles y militares. Pero esa misma justicia se tiene que aplicar, como lo ha hecho el juez San Martín, a quienes desde el Estado utilizaron el terror para asesinar, secuestrar y desaparecer.
La lucha contra el terrorismo fue una necesidad pública, valorativamente positiva, de origen legal, imperativa. La violencia no la escogió el Estado, la inició Sendero. El Estado debía defenderse y defender la vida y la libertad. Pero nunca debió transformarse en el propio mal que combatía.
Norberto Bobbio al reflexionar sobre los valores de la democracia y la perversión que puede implicar el uso ilegal y brutal del poder, acuñó la expresión “los ideales y la materia bruta” inspirándose en el último diálogo del Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. En esas frases finales, Gordon, amigo de Zhivago, dice: “Ha sucedido muchas veces en la historia: lo que fue concebido de forma noble y elevada, se ha convertido en materia bruta…”. La lucha contra el terrorismo se sustentó en los valores nobles y elevados de la defensa de la democracia y la libertad, pero agentes del Estado, incluido el ex presidente Alberto Fujimori, al recurrir al crimen, transformaron los ideales del legítimo combate al terrorismo en la fuerza bruta del Estado.
La sentencia de históricos contornos que honra a César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga, además de hacer justicia a las víctimas, aleja a la democracia peruana de la perversión de la materia bruta de la que hablaba Bobbio y la inserta en los valores universales del respeto a la vida y la dignidad humana.
En el estado de derecho, propio de las sociedades democráticas, distinguir la justicia de la injusticia es administrar justicia aplicando el derecho conforme a la ley. La recta aplicación de la ley en sí misma realiza la justicia. Ello distingue al juez probo. En el estado de derecho “aquella antiquísima y primera naturaleza de las cosas”, es el pacto social a través del cual los ciudadanos confieren el poder del Estado a los gobernantes para que realicen la ley y garanticen los derechos esenciales del individuo frente al propio Estado.
El Estado y sus agentes, llámense presidentes de la república, policías, soldados o funcionarios, no tienen licencia para asesinar, para secuestrar, para torturar o desaparecer a las personas. Por ningún motivo. Ni en los casos de guerra externa, conflicto interno o lucha contra el terrorismo. Si lo hacen, delinquen. Con el agravante de hacerlo usando el poder del Estado que se les confirió para proteger los derechos humanos, no para violarlos, para proteger la vida y la libertad, no para acabarlas con perversidad.
La justicia debe ser consistente y férrea en su objetividad jurídica para castigar los crímenes del terrorismo y reivindicar la dignidad y los derechos de sus víctimas, civiles y militares. Pero esa misma justicia se tiene que aplicar, como lo ha hecho el juez San Martín, a quienes desde el Estado utilizaron el terror para asesinar, secuestrar y desaparecer.
La lucha contra el terrorismo fue una necesidad pública, valorativamente positiva, de origen legal, imperativa. La violencia no la escogió el Estado, la inició Sendero. El Estado debía defenderse y defender la vida y la libertad. Pero nunca debió transformarse en el propio mal que combatía.
Norberto Bobbio al reflexionar sobre los valores de la democracia y la perversión que puede implicar el uso ilegal y brutal del poder, acuñó la expresión “los ideales y la materia bruta” inspirándose en el último diálogo del Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. En esas frases finales, Gordon, amigo de Zhivago, dice: “Ha sucedido muchas veces en la historia: lo que fue concebido de forma noble y elevada, se ha convertido en materia bruta…”. La lucha contra el terrorismo se sustentó en los valores nobles y elevados de la defensa de la democracia y la libertad, pero agentes del Estado, incluido el ex presidente Alberto Fujimori, al recurrir al crimen, transformaron los ideales del legítimo combate al terrorismo en la fuerza bruta del Estado.
La sentencia de históricos contornos que honra a César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga, además de hacer justicia a las víctimas, aleja a la democracia peruana de la perversión de la materia bruta de la que hablaba Bobbio y la inserta en los valores universales del respeto a la vida y la dignidad humana.
Fuente: Diario La Primera. Lima, 13 de Abril del 2009
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