Honduras y la Derecha Golpista Latinoamericana.

Golpismo, Constitución y guerra fría

Alberto Adrianzén M. (Sociólogo)

El golpe militar en Honduras es el primer ejemplo de esta nueva guerra fría que nos anunciara el presidente García en su último artículo y que consiste en destruir la democracia para salvar los intereses de una minoría. Por eso, es un golpe preventivo que tiene un aire de familia con el golpe en Brasil en 1964 que marcó el inició de un nuevo militarismo en la región.

En días pasados y para confirmar lo dicho, el jefe de la bancada del partido derechista salvadoreño ARENA, Donato Vaquereno, según diversos medios, “le advirtió a Funes (presidente de El Salvador) que se mire en el espejo de Zelaya para que no cometa los mismos errores, lo cual fue interpretado por muchos como el sonido de tambores de guerra”. Dicho en otras palabras: si quieres cambiar el orden empleando la democracia te promuevo un golpe de Estado.

En realidad, la enérgica condena internacional al golpe en Honduras antes que un apoyo al “chavismo”, como afirma la derecha, expresa más bien un temor fundado de que el militarismo vuelva en la región y, en particular, en América Central donde las fuerzas armadas de Guatemala y El Salvador son claramente derechistas y anticomunistas.

En este marco, el reciente artículo de Mario Vargas Llosa publicado el domingo pasado en El Comercio es, en la práctica, una abierta apología tanto del golpe en Honduras como de esta nueva política de contención que tiene en el militarismo su principal herramienta política. Y es que este artículo, así como otros publicados en estos días, repite y justifica los argumentos de los golpistas hondureños que sostienen, como afirma el propio Vargas Llosa, que un “demagogo irresponsable como Manuel Zelaya, quien, en violación flagrante de la Constitución que había jurado respetar, se disponía llevar a cabo un referéndum para hacerse reelegir…” e implantar un régimen “chavista”

En primer lugar hay que decir que el presidente Zelaya no buscaba “llevar a cabo un referéndum” sino más bien una consulta (también se le llamó encuesta) no vinculante (al amparo de la ley de participación), para auscultar la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de votar, en las próximas elecciones presidenciales, si se convocaba o no a una Asamblea Constituyente.

Segundo, sería bueno que los defensores del golpe nos expliquen cómo el presidente Zelaya iba a poder reelegirse si en el mismo proceso electoral de noviembre en que se iba a votar por la convocatoria o no a la hipotética Asamblea Constituyente (que podía sancionar en el futuro una posible reelección presidencial), se elegía también al nuevo presidente que reemplazaría a Zelaya, el cual, por tanto, no se podría beneficiar de esa hipotética reelección. Hasta ahora nadie ha podido explicar esta paradoja. Este argumento es tan absurdo que los golpistas tuvieron que falsificar groseramente la renuncia del presidente Zelaya para justificar de otra manera el golpe.

Estos hechos, y otros como la famosa carta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa solicitando dinero a sus afiliados para financiar una estrategia (golpista) ya que se vivía un momento de “incertidumbre política-económica” o el “olvido” de que el propio Micheletti en 1985 intentó modificar la Constitución, demuestran que la razón del golpe no fue la reelección de Zelaya, menos el “amor” a la Constitución, sino más bien la defensa de los intereses de los empresarios, de los militares, de los viejos partidos y del poder mediático frente a un proceso de cambio que se había iniciado en ese país.

El caso hondureño pone además en el tapete la siguiente cuestión: ¿es posible cambiar un orden injusto en democracia? Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal y menos antidemocrático, más aún cuando, como señala el artículo 2 de la Constitución hondureña: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”.

Lo sucedido en ese país, además de expresar el viejo conflicto entre liberalismo y democracia, es decir entre mantener la regla o permitir que la voluntad popular se exprese en toda su amplitud, también nos lleva a preguntarnos si es legítimo mantener constituciones, como la hondureña o la peruana, que son producto de regímenes autoritarios y que solo buscan blindar constitucionalmente los intereses de una minoría. Eso, por ejemplo, es la actual Constitución fujimorista del 93.

Esta pregunta no es nada ociosa, más aún cuando la derecha hondureña, pero también los defensores del golpismo en ese y en otros países, ha terminado por abrirle la puerta al militarismo para proteger sus privilegios. No sería nada extraño que en poco tiempo y en este contexto macartista y “antichavista” que hoy promueve el gobierno en el país, tengamos una derecha golpista empleando los mismos argumentos de los gorilas hondureños cuando alguien proponga cambiar la Constitución o el modelo económico.

(*) www.albertoadrianzen.org

Fuente: Diario La República. Sábado 18 de julio del 2009.