Imagen: FCE.
Carta abierta sobre la creación del Colegio de Historiadores del Perú
Historiador José Ragas Rojas (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Ante la noticia de la discusión del Proyecto de Ley N. 904/2006 – CR en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, presidida por la parlamentaria Cenaida Uribe, por el cual se propone crear el Colegio de Historiadores del Perú, deseo dejar constancia de mi rechazo a dicha propuesta, por considerar que carece de fundamento y que antepone los intereses personales a los de las personas que nos desempeñamos como historiadores dentro y fuera del país. El proyecto de ley fue presentado y ha sido impulsado por la Asociación de Historiadores Región Sur (AHIRSA), con sede en Arequipa y presidida por el Sr. Enrique Ramírez Angulo.
En primer lugar, mi rechazo se basa en que se trata de un documento que no solo ha sido pésimamente redactado sino cuya fundamentación (académica, técnica y legal) no tiene base ni se apoya en estudios técnicos ni de ningún otro tipo. La intención manifiesta de la AHIRSA es la de manejar una institución que se encargue de regular y controlar el ámbito laboral de los historiadores, permitiendo que solo puedan ocupar puestos de trabajo quienes han obtenido la licenciatura de historia. Aquellos que, por diversas razones, no la hayan obtenido, aun cuando hayan seguido estudios de posgrado (maestría o doctorado), no estarían en posición de ejercer la profesión. Así, el Colegio de Historiadores dirigido por la AHIRSA se encargaría de velar por depurar y erradicar «el intrusismo profesional y la autonominación como historiadores que se hacen personas que no lo son», según reza el proyecto en cuestión.
En segundo lugar, la AHIRSA no puede atribuirse el derecho de expresarse en nombre de los historiadores que se desempeñan a nivel profesional, en aras de monopolizar el control de la institución que proponen crear. Esto se deduce claramente del número de puestos que se adjudica la AHIRSA en la Comisión que daría forma al Colegio de Historiadores. De los ocho puestos, se adjudican tres de ellos, lo que les daría la posibilidad de elegir a los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Ejecutivo que regirían de forma permanente.
¿A mérito de qué viene esta propuesta? En los últimos meses en la web han aparecido propuestas similares para países como España y Guatemala, en las que se incluyen comentarios de historiadores de dichos países que afrontan una mala situación laboral y que consideran que un Colegio de Historiadores podría poner fin a esta situación al permitir únicamente que los historiadores con título puedan trabajar en determinados puestos. Según se desprende de los comentarios de historiadores en un foro sobre el tema (en el que participan también peruanos), existiría un malestar porque los programas de posgrado permiten que personas que no han seguido la carrera de Historia ni se han licenciado puedan obtener un grado de Magíster o Doctor y ejercer, quitándole así la posibilidad a los egresados de las facultades. Además, se asume que un Colegio de Historiadores lucharía por los intereses de los profesionales, a la manera de un sindicato, y que velaría por nosotros. Curiosamente, las quejas también provienen de México, país que cuenta con un Colegio, el Colegio de México.
No tenemos informes que demuestren que la creación de colegios o instituciones similares hayan traído una mejora significativa en las respectivas áreas profesionales de Humanidades y Ciencias Sociales. Tendríamos que asumir que una instancia de esta naturaleza ayudaría a resolver los problemas que enfrentan los historiadores. Ya se han creado colegios de arqueólogos y de bibliotecarios. ¿Eso ha llevado a solucionar sus problemas? Por lo que conversado con algunos amigos de estas profesiones, la respuesta es negativa. La situación es completamente distinta para áreas como la Medicina, la Arquitectura y la Ingeniería, donde la responsabilidad social es mucho mayor por lo que se requiere que efectivamente haya un filtro que regule la titulación de los que dicen ser egresados de dichas facultades. En las Humanidades y las Ciencias Sociales, el espectro es diferente, ya que el número de profesionales es considerablemente menor y los profesionales se hallan en estrecho contacto con las Universidades, las cuales regulan la actividad laboral y el desempeño ético de sus miembros.
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Historiador José Ragas Rojas (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Ante la noticia de la discusión del Proyecto de Ley N. 904/2006 – CR en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, presidida por la parlamentaria Cenaida Uribe, por el cual se propone crear el Colegio de Historiadores del Perú, deseo dejar constancia de mi rechazo a dicha propuesta, por considerar que carece de fundamento y que antepone los intereses personales a los de las personas que nos desempeñamos como historiadores dentro y fuera del país. El proyecto de ley fue presentado y ha sido impulsado por la Asociación de Historiadores Región Sur (AHIRSA), con sede en Arequipa y presidida por el Sr. Enrique Ramírez Angulo.
En primer lugar, mi rechazo se basa en que se trata de un documento que no solo ha sido pésimamente redactado sino cuya fundamentación (académica, técnica y legal) no tiene base ni se apoya en estudios técnicos ni de ningún otro tipo. La intención manifiesta de la AHIRSA es la de manejar una institución que se encargue de regular y controlar el ámbito laboral de los historiadores, permitiendo que solo puedan ocupar puestos de trabajo quienes han obtenido la licenciatura de historia. Aquellos que, por diversas razones, no la hayan obtenido, aun cuando hayan seguido estudios de posgrado (maestría o doctorado), no estarían en posición de ejercer la profesión. Así, el Colegio de Historiadores dirigido por la AHIRSA se encargaría de velar por depurar y erradicar «el intrusismo profesional y la autonominación como historiadores que se hacen personas que no lo son», según reza el proyecto en cuestión.
En segundo lugar, la AHIRSA no puede atribuirse el derecho de expresarse en nombre de los historiadores que se desempeñan a nivel profesional, en aras de monopolizar el control de la institución que proponen crear. Esto se deduce claramente del número de puestos que se adjudica la AHIRSA en la Comisión que daría forma al Colegio de Historiadores. De los ocho puestos, se adjudican tres de ellos, lo que les daría la posibilidad de elegir a los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Ejecutivo que regirían de forma permanente.
¿A mérito de qué viene esta propuesta? En los últimos meses en la web han aparecido propuestas similares para países como España y Guatemala, en las que se incluyen comentarios de historiadores de dichos países que afrontan una mala situación laboral y que consideran que un Colegio de Historiadores podría poner fin a esta situación al permitir únicamente que los historiadores con título puedan trabajar en determinados puestos. Según se desprende de los comentarios de historiadores en un foro sobre el tema (en el que participan también peruanos), existiría un malestar porque los programas de posgrado permiten que personas que no han seguido la carrera de Historia ni se han licenciado puedan obtener un grado de Magíster o Doctor y ejercer, quitándole así la posibilidad a los egresados de las facultades. Además, se asume que un Colegio de Historiadores lucharía por los intereses de los profesionales, a la manera de un sindicato, y que velaría por nosotros. Curiosamente, las quejas también provienen de México, país que cuenta con un Colegio, el Colegio de México.
No tenemos informes que demuestren que la creación de colegios o instituciones similares hayan traído una mejora significativa en las respectivas áreas profesionales de Humanidades y Ciencias Sociales. Tendríamos que asumir que una instancia de esta naturaleza ayudaría a resolver los problemas que enfrentan los historiadores. Ya se han creado colegios de arqueólogos y de bibliotecarios. ¿Eso ha llevado a solucionar sus problemas? Por lo que conversado con algunos amigos de estas profesiones, la respuesta es negativa. La situación es completamente distinta para áreas como la Medicina, la Arquitectura y la Ingeniería, donde la responsabilidad social es mucho mayor por lo que se requiere que efectivamente haya un filtro que regule la titulación de los que dicen ser egresados de dichas facultades. En las Humanidades y las Ciencias Sociales, el espectro es diferente, ya que el número de profesionales es considerablemente menor y los profesionales se hallan en estrecho contacto con las Universidades, las cuales regulan la actividad laboral y el desempeño ético de sus miembros.
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