El ocaso democrático
Por: Juan Gabriel Tokatlian. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella (Argentina).
Una de las tantas paradojas actuales es que mientras en la periferia muchas sociedades y Gobiernos intentan ampliar los derechos ciudadanos, en varios países centrales se pretende desvertebrar el Estado de derecho. En América Latina y, en tiempos recientes, en Oriente Próximo y el norte de África con la llamada primavera árabe, se observan impulsos y logros importantes en el reclamo y la extensión de derechos y garantías de diverso tipo. Inversamente, en países clave de Occidente, y desde el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos se denota un esfuerzo desde el Ejecutivo y el Legislativo (y con pocas limitaciones por parte del Poder Judicial) de recortar y suprimir derechos alcanzados con enorme esfuerzo colectivo. Con el presunto objetivo de proteger la seguridad nacional en Estados Unidos se ha gestado una compleja estructura jurídica, burocrática e institucional cívico-militar que ha configurado de hecho una condición de inseguridad permanente; meta que al parecer ha logrado alcanzar el terrorismo transnacional a una década de los atentados en Nueva York, Washington y Filadelfia.
En ese contexto, la poslegalidad tiende a imponerse: se trata de una situación en la que el derecho interno e internacional se manipula, se desconoce o se quiebra a expensas de un bifronte Estado gendarme que opera con escasa rendición de cuentas hacia adentro y con excesivo despliegue militar hacia afuera. Lo poslegal no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos -recientemente la secretaria del Interior de Reino Unido, Theresa May, sugirió la necesidad de deshacerse de la Ley de Derechos Humanos de 1998-, pero tiene su manifestación más elocuente e inquietante en aquel país.
La poslegalidad se exacerba en Estados Unidos en medio de una fenomenal crisis económica y ante una ciudadanía que, ante la incertidumbre y de modo confuso, se expresa contradictoriamente frente al delicado balance entre seguridad y libertad. Por ejemplo, en junio de 2010 una encuesta a cargo de Rasmussen Reports indicaba que el 28% de los estadounidenses consideraba que era una mala idea el control civil de los militares y apenas el 44% consideraba bueno dicho control. Pero, a su vez, en una encuesta de Gallup efectuada en septiembre de 2011 un 49% de los entrevistados consideraba que el Gobierno federal era "una amenaza inmediata a los derechos y libertades individuales".
La poslegalidad, por vía de presuntos términos legales, rápidamente asimilados por los medios de comunicación y los principales líderes políticos nacionales, naturaliza un nuevo lenguaje que facilita el desprecio por los derechos. Así, en vez de referirse a la tortura se habla de "técnicas acrecentadas de interrogación"; el secuestro extraterritorial de personas, realizado de manera clandestina por funcionarios, se denomina "entrega extraordinaria"; las ejecuciones extrajudiciales se justifican en el marco de las "hostilidades" contra "militantes"; y a las guerras punitivas contra países que no han atacado a Estados Unidos se las llama "acción militar cinética".
La poslegalidad tiene símbolos: Guantánamo y Abu Ghraib. Tiene puntos clave de construcción conceptual: las oficinas del Legal Advisor del Departamento de Estado, del General Counsel del Departamento de Defensa y del Special Counsel de la Casa Blanca. Tiene un mapa de referencia para su racionalización y justificación: la "guerra contra el terrorismo". Y tiene continuidad política bipartidista: desde George W. Bush a Barack Obama.
Ahora bien, tres asuntos han puesto en evidencia el desbordamiento de la poslegalidad de Estados Unidos. Primero, el incesante uso de vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles), los denominados drones, en Asia (Irak, Afganistán y Pakistán) y África (Libia, Somalia y Yemen). El recurrente uso de aquel medio de combate -al que hay que sumar un fracasado intento reciente en Irán- ha llevado a debatir en torno a la "guerra de los drones"; un modo de enfrentamiento a distancia, sin grandes contingentes en condición de combate frontal, presuntamente de alta precisión y más económico que el despliegue de tropas. El recurso a los drones ha implicado, entre otras, cierta facilidad para lanzar ataques en los que las bajas propias son casi inexistentes, bastante indiferencia de una opinión pública que apenas si conoce el tema y que, en general, no padece costo alguno inmediato después de su utilización, y un ascendente papel militar de los órganos de inteligencia dado que es la CIA la encargada del sistema de lanzamiento. Si bien en 2009 el Informe del Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, sugería que los drones podrían violar el derecho internacional humanitario, nada parece haber conducido a replantear su uso por parte de Washington.
Segundo, en septiembre pasado el Gobierno de Barack Obama fue un paso más adelante en esta materia. En un "panel secreto", y con aval presidencial, autorizó dar de baja a dos estadounidenses, Anwar al Awlaqi y Samir Khan, mediante misiles lanzados desde un vehículo aéreo no tripulado. En los dos casos no hubo una acusación formal, no se pretendió su arresto ni se buscó poner en marcha el debido proceso. Ni la Constitución ni las enmiendas 5, 6 y 14 fueron tenidas en cuenta para llevar a cabo este targeted killing.
Y tercero, más recientemente, en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012 y con una votación de 93 a 7, el Senado aprobó que cualquier estadounidense sospechoso de terrorismo puede ser detenido indefinidamente por autoridades militares (al tiempo que aumenta las restricciones para no trasladar los prisioneros de Guantánamo a territorio continental estadounidense). Para algunos observadores esta legislación es un serio revés al Estado de derecho. Organizaciones de derechos civiles y voces liberales demandan y se consuelan con un eventual veto del presidente Obama.
Los tres ejemplos mencionados apuntan a subrayar que en Estados Unidos la legalidad está en entredicho y que lo poslegal se está tornando en lo habitual. Más temprano que tarde esto tendrá un efecto devastador sobre la democracia en aquel país. Lo que tendrá, y de hecho ya tiene, reverberaciones por fuera de Estados Unidos. En ese caso se habrá dado un paso abismal: del acoso democrático al ocaso democrático.
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