La democracia, los votos y los pobres
Por Alberto Adrianzén (Sociòlogo)
Hace unos días el presidente García anunció que impulsará un referéndum para cambiar la Constitución y aprobar el voto facultativo y la renovación por mitades del Congreso, luego que la Comisión de Constitución del Congreso archivara ambas propuestas. Si bien el presidente García propuso estas medidas (sobre todo la renovación del Congreso) en su último mensaje a la Nación, resulta extraño que estas propuestas se hagan a menos de dos años de las próximas elecciones generales y que se crea que con ello se mejorará tanto la democracia como el funcionamiento del Congreso. Sería bueno recordarle al mandatario que su partido, el APRA, ha tenido desde el 2006 la presidencia del Congreso y que hasta ahora hizo muy poco para reformarlo.
Por eso la propuesta de renovar el Congreso para que la población, como dice el Presidente, deje “de votar por los partidos que han tenido congresistas escandalosos, ineficientes y que no han cumplido con su mandato” es discutible no solo porque no se sabe qué parlamentarios tendrán que dejar el escaño a mitad del periodo (la renovación del Congreso no implica la revocatoria de los malos parlamentarios como se cree) sino también porque si no hay una profunda reforma política del Congreso y de los partidos, la renovación se podría convertir en una poderosa arma para desestabilizar al próximo gobierno.
Es cierto que los principales responsables del desprestigio del Legislativo son los propios parlamentarios. Su papel principal ha sido llenar las primeras planas de los diarios con una serie de escándalos. Por eso si no hay una reforma profunda del Congreso y de los partidos, el asunto de la renovación es un simple cosmético que puede convertirse en un arma de doble filo.
En estas páginas hemos señalado varias veces que la propuesta de anular el voto obligatorio tiene como objetivo principal reducir el número de votantes en los sectores populares, en particular en las zonas rurales. Hace unos días, Felipe Osterling, ex senador y miembro del PPC, afirmó que “el voto obligatorio favorece a los candidatos tipo Ollanta Humala o Marco Arana, cuyo bolsón electoral está en la sierra sur, donde es muy difícil ir a votar, pero la gente lo hace por no pagar multa” (Correo, 29/10/09). Y no le falta razón. En las elecciones del 2006 los electores más pwobres de las zonas andinas y de la amazonía votaron masivamente por Ollanta Humala. Ese es el problema de fondo y la razón del porqué la derecha y el APRA proponen el voto facultativo. Es, en la práctica, proponer el regreso a una democracia censitaria en el país.
Otro argumento para rechazar el voto facultativo es el siguiente: un ciudadano goza de un derecho cuando puede ejercerlo. Dicho en otros términos, uno puede ejercer su derecho a no votar cuando tiene el derecho pleno de votar. Qué pasa con los indocumentados que no pueden ejercer este derecho por la sencilla razón de que no tienen DNI. No hay cifras exactas, pero se calcula que estarían entre los 700 mil a un millón de ciudadanos. Por ello, la propuesta del voto facultativo lo único que busca es legalizar la exclusión de los pobres de las elecciones y profundizar la brecha entre la costa moderna y el mundo rural andino y amazónico. En lugar del voto facultativo lo que habría que plantear es una política que incorpore a los indocumentados al sistema electoral y a la vida ciudadana.
Finalmente, si hoy muchos países viven procesos de cambio en A. Latina es porque los pobres no solo ejercen su derecho al voto sino también porque están votando por candidatos contrarios a las políticas conservadoras y neoliberales. Y eso es lo que se busca impedir en el país. Me temo que ambas propuestas antes que reformar o democratizar el sistema político o el Congreso, a lo único que apuntan es a bloquear a los candidatos mal llamados “antisistema” o a crearles problemas si ganan las próximas elecciones.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe
Fuente: Diario La Republica. Sábado 31 de octubre del 2009.
Por Alberto Adrianzén (Sociòlogo)
Hace unos días el presidente García anunció que impulsará un referéndum para cambiar la Constitución y aprobar el voto facultativo y la renovación por mitades del Congreso, luego que la Comisión de Constitución del Congreso archivara ambas propuestas. Si bien el presidente García propuso estas medidas (sobre todo la renovación del Congreso) en su último mensaje a la Nación, resulta extraño que estas propuestas se hagan a menos de dos años de las próximas elecciones generales y que se crea que con ello se mejorará tanto la democracia como el funcionamiento del Congreso. Sería bueno recordarle al mandatario que su partido, el APRA, ha tenido desde el 2006 la presidencia del Congreso y que hasta ahora hizo muy poco para reformarlo.
Por eso la propuesta de renovar el Congreso para que la población, como dice el Presidente, deje “de votar por los partidos que han tenido congresistas escandalosos, ineficientes y que no han cumplido con su mandato” es discutible no solo porque no se sabe qué parlamentarios tendrán que dejar el escaño a mitad del periodo (la renovación del Congreso no implica la revocatoria de los malos parlamentarios como se cree) sino también porque si no hay una profunda reforma política del Congreso y de los partidos, la renovación se podría convertir en una poderosa arma para desestabilizar al próximo gobierno.
Es cierto que los principales responsables del desprestigio del Legislativo son los propios parlamentarios. Su papel principal ha sido llenar las primeras planas de los diarios con una serie de escándalos. Por eso si no hay una reforma profunda del Congreso y de los partidos, el asunto de la renovación es un simple cosmético que puede convertirse en un arma de doble filo.
En estas páginas hemos señalado varias veces que la propuesta de anular el voto obligatorio tiene como objetivo principal reducir el número de votantes en los sectores populares, en particular en las zonas rurales. Hace unos días, Felipe Osterling, ex senador y miembro del PPC, afirmó que “el voto obligatorio favorece a los candidatos tipo Ollanta Humala o Marco Arana, cuyo bolsón electoral está en la sierra sur, donde es muy difícil ir a votar, pero la gente lo hace por no pagar multa” (Correo, 29/10/09). Y no le falta razón. En las elecciones del 2006 los electores más pwobres de las zonas andinas y de la amazonía votaron masivamente por Ollanta Humala. Ese es el problema de fondo y la razón del porqué la derecha y el APRA proponen el voto facultativo. Es, en la práctica, proponer el regreso a una democracia censitaria en el país.
Otro argumento para rechazar el voto facultativo es el siguiente: un ciudadano goza de un derecho cuando puede ejercerlo. Dicho en otros términos, uno puede ejercer su derecho a no votar cuando tiene el derecho pleno de votar. Qué pasa con los indocumentados que no pueden ejercer este derecho por la sencilla razón de que no tienen DNI. No hay cifras exactas, pero se calcula que estarían entre los 700 mil a un millón de ciudadanos. Por ello, la propuesta del voto facultativo lo único que busca es legalizar la exclusión de los pobres de las elecciones y profundizar la brecha entre la costa moderna y el mundo rural andino y amazónico. En lugar del voto facultativo lo que habría que plantear es una política que incorpore a los indocumentados al sistema electoral y a la vida ciudadana.
Finalmente, si hoy muchos países viven procesos de cambio en A. Latina es porque los pobres no solo ejercen su derecho al voto sino también porque están votando por candidatos contrarios a las políticas conservadoras y neoliberales. Y eso es lo que se busca impedir en el país. Me temo que ambas propuestas antes que reformar o democratizar el sistema político o el Congreso, a lo único que apuntan es a bloquear a los candidatos mal llamados “antisistema” o a crearles problemas si ganan las próximas elecciones.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe
Fuente: Diario La Republica. Sábado 31 de octubre del 2009.